Antich y Helenio Herrera

Una de las míticas frases que permanecerá siempre en la memoria de los buenos aficionados al fútbol es la que pronunció aquel orgulloso, peculiar y controvertido entrenador, que jamás dejó indiferente a nadie, de nombre Helenio Herrera. El legendario míster aseguraba que se jugaba mejor con diez jugadores que con once, afirmación que no compartirán hoy la inmensa mayoría de profesionales del banquillo, que sin duda prefieren que su formación no se sitúe en el terreno de juego en condiciones de desigualdad frente al equipo contrario, situación ciertamente comprometida si de lo que se trata es de ganar el partido.

Pues bien, la tesis de la inferioridad que con tanto entusiasmo defendía aquel entrenador, pero que tan pocos resultados daba, parece haber sido la misma que en estos momentos se aplica el presidente Antich para justificar otra situación ciertamente comprometida, la de gobernar en inferioridad numérica y sin los apoyos suficientes que permitan, en este caso, ganar la batalla política y lograr la estabilidad institucional perdida, que es de lo que se trata.

Sin embargo, y a pesar de haber quedado en franca minoría, al presidente Antich poco o nada le preocupan las graves e insólitas consecuencias que está generando su situación de debilidad en el Parlament. Desde que Antich se propusiera prescindir de todos los cargos públicos vinculados a Unió Mallorquina, tratando a presuntos delincuentes poco menos que de turbios sicilianos, y tratando a inocentes de presuntos delincuentes, ya nada es lo mismo en la Cámara. Este precipitado volantazo ha sacado de la pista a la formación nacionalista, la ha dejado en la cuneta y, además, ha castigado con extrema dureza la reputación de una formación política histórica en Baleares. Una espontánea pero firme decisión que ha provocado la irritación de UM, que ha decidido despojar de la mayoría al presidente Antich.

Así las cosas, resulta innegable afirmar que esta pelotera inter partes ha sembrando un panorama de incertidumbre e inestabilidad que es necesario resolver con extraordinaria celeridad, pues las consecuencias pueden ser del todo irreversibles. Y digo esto precisamente porque todas aquellas iniciativas que están siendo aprobadas en sede parlamentaria por una sobrada mayoría, en la que no se incluye el Partido Socialista del presidente Antich, corren el riesgo de obligar a un Ejecutivo indefenso y zozobrante a modificar su hoja de ruta y trazar un cambio de rumbo en su acción de gobierno, que es lo que presumiblemente sucederá si el presidente hace lo que debe, cumplir con el mandato Parlamentario y obedecer a todas aquellas cuestiones que el parlamento le exige. Si no lo hace, es decir, si no se somete a la voluntad del poder legislativo, que es lo que presumiblemente puede suceder, se produciría inevitablemente una fractura entre dos de los tres poderes que sustentan todo Estado democrático y de derecho, circunstancia que debería ser corregida con los mecanismos que nuestra Constitución y nuestro Estatuto facilitan, sin descartar nunca la más solvente, la dimisión del presidente, hoy Francesc Antich.

Para que el lector recupere el retrato de un naufragio político sin precedentes, resulta imprescindible volver la vista atrás y rescatar lo sucedido en el Parlament durante las últimas semanas. El 9 de febrero se aprobó, con el voto en contra del Grupo Socialista, una iniciativa parlamentaria del PP sobre la reubicación de la casa cuartel de la Guardia Civil en Mahón, realidad poco problemática y seguramente asumible por parte del Ministerio del Interior, a pesar de los socialistas baleares. Nada que ver con algo ciertamente más dramático, sucedido la misma semana, en el mismo lugar. La Cámara decidió ampliamente reprobar la gestión los consellers de Economía, Salud y Asuntos Sociales, con los votos en contra de los socialistas baleares, obviamente. Estas personas continúan hoy en sus cargos al frente de tres áreas de especial relevancia y responsabilidad, como si nada hubiera sucedido aquel día en el Parlament.

Este último acontecimiento no pasa de ser un gesto que no tiene por qué tener consecuencias prácticas ni vinculantes para el Ejecutivo. Sin embargo, sí tiene una gran carga de significado político al evidenciar que la Cámara que representa a la soberanía popular, a la que debe estar sometido el poder ejecutivo (y no al revés), no aprueba la gestión de buena parte del gobierno y le retira la confianza. Se trata en definitiva de una especie de reválida parlamentaria ejercida por quien tiene los mecanismos de control y autoridad suficiente para examinar las conductas del gobierno.

Pues bien, por esta precisa razón, la más importante de todas, se hace necesario que el presidente Antich se someta a una cuestión de confianza en el Parlament. El equilibrio y los contrapesos de los poderes legislativo y ejecutivo funcionan de esta manera y no de otra. Y además, y por encima de todo, los ciudadanos de Baleares merecen la oportunidad de saber si su presidente es capaz de superar esa reválida, sometiéndose a las acciones de control parlamentario que nos hemos dado en nuestras leyes. Si no es capaz de superarla, su destino está escrito. Si lo hace, estará perfectamente autorizado para continuar con su acción de gobierno. Pero si ni tan sólo se somete, su legitimidad para encabezar tan altas responsabilidades quedará cuestionada para siempre y con ello cuestionada la figura de un presidente que pretende gobernar ignorando la fuerza de la democracia.