El mural de la vergüenza

Para regocijo y recreo de quienes con su pasividad consienten un desmedido linchamiento público, continúa expuesto en el Puerto de Ibiza el verdadero mural de la vergüenza, una composición de retales periodísticos que, aderezados con abundantes dosis de odio, calumnia sin medida, ofende sin límites e injuria sin pudor a miembros del Partido Popular y a personas singularmente consideradas. Han sido múltiples y diversas las manifestaciones en contra de lo expuesto, tantas como inútiles han sido las peticiones de retirada dirigidas al Ayuntamiento de Ibiza que, con el pretexto de proteger un reconocido derecho a la libertad de expresión, permite que los agravios e insultos continúen formando parte de una muestra cultural financiada con fondos públicos.

Cierto es, que la libertad de expresión es el derecho fundamental reconocido para manifestar y difundir libremente pensamientos, ideas y expresiones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, tal y como lo reconoce la constitución española. No obstante, como sucede con todos los derechos fundamentales, no se trata de un derecho ilimitado en su ejercicio, pues ninguno lo es, pues de serlo nos llevaría a desvirtuar totalmente la propia idea de libertad y democracia. Por esta misma razón, la CE establece expresamente que la libertad de expresión tiene su límite en los derechos fundamentales reconocidos en la propia norma, en los preceptos de las leyes y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, derechos estos tan necesitados de protección como cualquier otro. Dicho esto y visto lo visto, resulta del todo irremediable plantearse si el derecho de la libertad de expresión ha sido superado de tal manera que haya entrado en colisión con cualquier otro derecho amparado por el ordenamiento jurídico. La respuesta es obvia, los insultos y agravios que se reproducen en el mural son de tal envergadura que el derecho a la libertad de expresión no los resiste, y en consecuencia, asaltan al honor de quienes se han visto obligados a soportar un linchamiento público inmerecido. Y es que, lo que ha sucedido no son expresiones de ideas, no son expresión de pensamientos, ni de opiniones, sino que se trata de comportamientos decididamente vejatorios de la persona, de su prestigio, con perfecta trascendencia en el desmerecimiento público y social. En este mismo sentido se pronuncia, con la incontestable contundencia de la unanimidad, la jurisprudencia al afirmar que “la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con nombres y apellidos, o de alguna forma de identificación que no deje lugar a dudas, de hechos que le hagan desmerecer del público aprecio y respeto, irreprobables a todas luces, sean cuales fueran los usos sociales del momento, y habiendo puesto de manifiesto igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Septiembre de 2.001, que la libertad de expresión no puede ser invocada para legitimar un pretendido derecho al insulto, que sería incompatible con la dignidad de la persona que proclama el artículo 10.1 de la C.E.”. Ciertamente, no se puede emplear el derecho a la libertad de expresión para autorizar un ilimitado derecho a insultar. Y esto precisamente es lo que pretende el Ayuntamiento de Ibiza, que la libertad de expresión lo ampare y cubra todo, la calumnia, la injuria y el escarnio, sin resignarse a reconocer que existe también el derecho al honor de las personas, de la misma forma que se reconoce que existe el derecho a la libertad de expresión. Son dos derechos que en este caso colisionan, y que no se sitúan en una posición jerárquica el uno respecto del otro, sino que termina uno cuando precisamente cuando comienza el otro.

Por su gravedad y respeto a los lectores, no merecen ser reproducidos en estas páginas las vejaciones dirigidas hacia el Partido Popular, como tampoco merece ser reproducido el nombre de quien ha decidido publicitar con ésta obra su condición de artista, abriendo de par en par las puertas a una libertad de expresión que nadie cuestiona, pero que finalmente ha servido para promover el insulto fácil y el linchamiento político. No obstante, interesa especialmente subrayar que si los improperios estampados en el mural son intolerables, que lo son, y de que manera, en la misma medida lo es la simbología fascista e inconstitucional que se reproduce en determinados tramos del mismo, asociándolos directamente con Partido Popular. En las sociedades avanzadas como la nuestra no tienen cabida insignias y distintivos propios del nazismo, y menos aún con la permisividad de los poderes públicos, que deben convertirse en verdaderos garantes del orden y de los valores democráticos, cosa que no sucede en este caso, sino más bien todo lo contrario. Pasividad, permisividad, linchamiento e indefensión.

Cierto es que ha habido tímidas reacciones al respecto, manifestaciones tibias que nada aportan, caracterizadas en gran medida por la torpeza al verse obligados a justificar la infamia. Y me refiero entre otras personas, a quien lidera hoy la oposición en el Consell Insular, Pilar Costa, que pretendía defender lo expuesto diciendo: “El mural retirado contenía también descalificaciones contra el Pacto y contra mí”. Nunca lo pondremos en duda, señora Costa. Ahora bien, me permitirá la señora Costa que le recuerde que un insulto no se ve nunca justificado con otro insulto, sino que ambas ofensas son directamente reprobables provengan de donde provengan, se dirijan a quien se dirijan, precisamente por la sencilla razón de que la libertad de expresión ya ha perdido toda su fuerza, en favor del derecho al honor de cada uno. Nada más.

Para el Partido Popular no es suficiente con denunciar y condenar lo sucedido para luego consentir que continúe expuesta la obra, era necesario su retirada. Se ha echado en falta una reacción decidida y contundente para alejar cualquier sombra duda sobre la verdadera intencionalidad del Ayuntamiento de Ibiza. La negativa a suprimir lo expuesto deja escaso margen de sospecha respecto de la verdadera voluntad del consistorio y de la principal responsable política del certamen, cobrando cada vez más fuerza la hipotética conclusión de que se trata de un acto perfectamente consciente. No resulta pues comprensible, como no se ha evitado lo que era perfectamente previsible que sucediera, pues era razonable pensar, con relativo escaso margen de error, que algún que otro desaprensivo dejase su sello en forma de agravio, ofensa o menosprecio. Y así ha sucedido. El mural no era más que una democrática invitación pública susceptible de convertir la obra en un castigo. Y así ha sido. ¿O es que acaso pensaban los responsables de la obra que quienes hicieran uso de su oportunidad ilimitada a expresarse, reproducirían en el mural las mejores estrofas de Bécquer y Quevedo?. Nada más lejos de la realidad. No se explica de ninguna de las maneras. Y si esto no se explica, tampoco se entiende como después de autorizar la exposición de la obra no se arbitraron medidas correctoras para el caso de que ocurriera lo peor. Nunca es demasiado tarde para evitarlo, lo que ocurre es que evitándolo se destruiría la verdadera intencionalidad que esconde la obra.